Endesa considera insuficiente el nuevo real decreto para regular la actividad y el consumo energético del sector de centros de datos propuesto por el Gobierno. La energética propiedad de la italiana Enel prepara el terreno para revisar el próximo año el calendario de cierre de todo el parque nuclear español.
Así lo han expresado sus primeros ejecutivos durante la conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año. El director de Relaciones Institucionales, Regulación y Sostenibilidad de Endesa, José Casas, ha señalado que las medidas «son insuficientes» para eliminar por completo las barreras a la inversión.
Casas ha advertido de que la propuesta final remitida al Consejo de Estado por el Ejecutivo «podría suponer la ralentización del desarrollo de centros de datos en España y limitar en última instancia parte del potencial alcista del crecimiento de la demanda de electricidad y la oportunidad de inversión asociada en generación y redes».
El directivo, que aclaró que si bien esta normativa «no tiene un impacto directo en Endesa«, subrayó que el negocio de los ‘data centers’ supone «una oportunidad estratégica para España» al impulsar las renovables, las redes, la creación de empleo y la IA.
Cabe destacar que Endesa, como una de las principales distribuidoras eléctricas del país, cobra peajes a los consumidores, siendo los centros de datos una potencial fuente de ingresos en este sentido.
A pesar de reconocer que la última propuesta «introduce cierta flexibilidad», Casas estima que todavía sigue siendo exigente frente a otras jurisdicciones, ya que la restricción clave sigue siendo el requisito de correlación de energías renovables del 80% hora a hora.
En cuanto al régimen transitorio de cinco años máximo hasta llegar al 80% de correlación introducido supone «cierto alivio», al final obliga a las instalaciones a participar en el sistema de reducción automática de potencia (SRAP), lo que «podría exponerlos a la desconexión de la red sin compensación».
Endesa se abre a la revisión de todo el calendario de cierre nuclear
Respecto al calendario de cierre nuclear, el consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, ha considerado que la decisión de prorrogar la vida útil de la central de Almaraz hasta 2030 establece «algunos de los pilares» para una revisión del calendario de cierre del parque nuclear español.
Armani ha indicado que, a pesar de que la decisión adoptada el pasado mes de agosto sobre Almaraz «cambia solo por unos pocos años la extensión de la vida útil», sí que «establece algunos de los pilares clave para una evaluación futura».
En este sentido, el directivo puso sobre la mesa la revisión del calendario de cierre del parque nuclear que, a pesar de la prórroga para Almaraz hasta junio de 2030, el actual Gobierno ha reiterado que mantiene oficialmente en 2035.
El CEO de Endesa ha apuntado también que en el actual contexto la decisión de prorrogar Almaraz valora que la capacidad firme que representa la nuclear «es estratégicamente necesaria» y que, además, «está menos expuesta a la volatilidad del mercado», aunque también destacó la «enorme carga» impositiva» que impacta sobre una tecnología como la nuclear.
De esta manera, el ejecutivo de la eléctrica consideró que estos «elementos preparan claramente el terreno para una revisión de todo el parque nuclear en España, que vemos que en el próximo año será parte de la discusión con las instituciones».
Calcula que los servicios auxiliares del sistema aumentarán hasta 6.000 millones
Por otra parte, Armani se refirió también al «crecimiento significativo» de los costes de los servicios auxiliares, impulsados en gran parte por la denominada ‘operación reforzada’ en que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025, y, con una cifra que supera los 4.000 millones de euros a finales de septiembre, estimó que ascenderán a entre 5.500-6.000 millones de euros a finales de año.
«Es claramente un impacto significativo en el que los clientes minoristas han estado protegidos en gran medida por el mercado liberalizado», dijo, aunque subrayó que sí que tiene impacto sobre los consumidores que no tienen contratos a plazo.
Por ello, defendió que, al igual se ha implementado en Portugal, este coste deje de ser variable y volátil y se convierta en un coste regulado. «Siendo este un coste compartido por seguridad que debería ser asumido por todos los consumidores», dijo.
