Por Yanet Girón
Los cambios anunciados por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de agosto han vuelto a colocar sobre la mesa una discusión que va mucho más allá de los nombres que entran o salen de las instituciones. El presidente Luis Abinader inició una nueva etapa de reorganización en distintas áreas de la administración pública, mediante varios decretos que modificaron titulares en organismos estratégicos.
Cambiar funcionarios es una atribución legítima del presidente de la República y, por sí solo, no representa ni una señal de fracaso ni una garantía de éxito. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué se espera corregir, qué objetivos se persiguen y cuáles serán los resultados que permitan determinar si esos cambios fueron acertados?
Entre las primeras modificaciones estuvo la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez García al frente del INTRANT, así como nuevos titulares para el COE y la Defensa Civil. Posteriormente, los decretos 552-26, 553-26 y 554-26 ampliaron los movimientos hacia otras instituciones.
Sin embargo, una administración pública eficiente no se transforma únicamente sustituyendo personas. Las instituciones necesitan planificación, continuidad, capacidad técnica, controles y metas que puedan ser evaluadas. Un nuevo funcionario puede aportar una visión diferente, pero será su gestión la que determine si el cambio produjo una verdadera mejoría.
Por eso, la ciudadanía debe mirar más allá de los decretos y preguntar qué viene después de cada designación. ¿Habrá servicios más eficientes? ¿Mayor capacidad de respuesta? ¿Más transparencia? ¿Mejores resultados? Esas preguntas son más importantes que las especulaciones sobre quién ganó o perdió espacio dentro del poder.
También sería saludable que cada cambio sea valorado sin prejuicios partidarios. Ni todo funcionario que sale necesariamente fracasó, ni todo funcionario que llega necesariamente resolverá los problemas pendientes. La evaluación debe descansar en hechos, preparación, desempeño y resultados, porque ocupar una posición pública no constituye un premio: implica una responsabilidad frente al país.
Al final, los ciudadanos no esperan simplemente nuevos nombres en los decretos. Esperan que las instituciones funcionen mejor y que las decisiones del Estado se traduzcan en soluciones concretas. Porque cambiar funcionarios puede modificar un organigrama; cambiar el Gobierno, en el sentido que realmente importa, significa transformar los resultados que recibe la gente.
JPM
