Orange, Vodafone y Digi se han unido a otras 11 compañías del sector para pedir a Bruselas que intervenga por la propuesta de Telefónica de encarecer el alquiler de sus conductos de fibra, según ha adelantado La Vanguardia.
Según el citado medio, las telecos, a través de una carta remitida a la Comisión Europea, han solicitado al regulador que examinen el movimiento de Telefónica antes de que se pronuncie la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ajuste el nuevo marco.
El conflicto gira en torno a las tarifas que Telefónica cobra a otros operadores por utilizar sus conductos para desplegar redes de fibra. La compañía presentó en junio una oferta revisada de compromisos ante la CNMC con la intención de imponer subidas progresivas durante los próximos cinco años a las operadoras.
Según los cálculos de la propia Telefónica, la propuesta supondría un encarecimiento acumulado cercano al 116% en cinco años. El plan contempla una subida inicial del 30%, tres incrementos anuales del 16,96% y dos actualizaciones finales del 2%.
Según la versión de Telefónica, esta propuesta presentada a la CNMC sostiene que los nuevos precios buscan adaptar las condiciones económicas del acceso a los principios del Reglamento europeo de Infraestructura de Gigabit.
Así, se ha abierto un debate que gira tanto en torno a la limitación de los precios por el uso de una infraestructura esencial como el grado de regulación necesario.
La CNMC aún no ha aprobado la propuesta
La propuesta de junio es la segunda que Telefónica presenta en este procedimiento. La compañía entregó una primera oferta de compromisos en febrero de 2025 y, tras la evaluación inicial y las alegaciones de otros agentes, remitió una versión revisada el 15 de junio de 2026.
La CNMC sometió esta segunda propuesta a consulta pública para recabar observaciones de terceros. Después, el regulador puede aceptar los compromisos en su totalidad o parcialmente, solicitar cambios o rechazarlos y continuar con el procedimiento ordinario de revisión del mercado.
El nuevo planteamiento también incluye condiciones para que otros operadores instalen equipos en centrales de Telefónica, además de las relativas al alquiler de canalizaciones.
La decisión del regulador determinará si los compromisos propuestos sustituyen, en los términos que finalmente se acepten, parte de las obligaciones que rigen actualmente el acceso a estas infraestructuras.
La controversia ya había llegado a Bruselas en meses anteriores. En abril de 2026, operadores rivales de Telefónica ya venían reclamando la intervención de la Comisión Europea por las condiciones de acceso a los conductos.
La nueva iniciativa vuelve a situar bajo presión el marco que regula el uso de una infraestructura decisiva para la competencia en el despliegue de fibra.
