La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado que ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la inmobiliaria Engel & Völkers por cobrar a los inquilinos unos honorarios que contrata el propietario, una práctica que va en contra de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que supone un nuevo cobro abusivo en el alquiler.
Según ha explicado la organización en un comunicado, la compañía está cobrando a los arrendatarios que alquilan una casa unos honorarios, equivalentes a una mensualidad de renta más IVA, en concepto de servicios de asesoramientos.
En este sentido, la OCU considera que se trata de una comisión de intermediación inmobiliaria por un servicio que ha contratado el arrendador y no de «un servicio independiente contratado libremente por el consumidor». Tras conocer esta «mala práctica», han presentado una denuncia ante Consumo, basada en el análisis de un modelo contractual denominado «Encargo de Prestación de Servicios».
Bajo su punto de vista, los servicios denunciados engloban actuaciones propias de intermediación inmobiliaria, como por ejemplo, la búsqueda y presentación de inmuebles, la organización de visitas y la recopilación y valoración de documentación de solvencia, así como la negociación de las condiciones del contrato o la entrega de la vivienda.
La OCU ha recordado que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece explícitamente que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el propietario. Ahora bien, Engel & Völkers no está cumpliendo con dichas normas, ya que está cobrando al inquilino estos honorarios, calculados además en función del importe de la renta y devengados una vez que el propietario acepta la oferta de arrendamiento.
La organización ha señalado que el contrato impuesto por la inmobiliaria establece la obligatoriedad de pagar estos honorarios para que la candidatura del potencial inquilino sea presentada al propietario, lo que impide la existencia de cualquier voluntariedad en la contratación de estos servicios.
Además, el documento incorpora otras cláusulas que también suponen «un abuso», como el pago en casos de desistimiento, modificación de la oferta o extensión si el consumidor alquila posteriormente el inmueble.
La OCU asegura que no es un servicio contratado libremente por el consumidor y que, aunque el contrato mencione que los servicios prestados «no constituyen gestión inmobiliaria ni formalización de contrato», si lo es.
Además, Engel & Völkers vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ya que condiciona el acceso a una vivienda en alquiler y perjudica los intereses económicos de los consumidores.
La OCU reclama medidas urgentes
En este contexto, la OCU ha solicitado expresamente la intervención de la Administración General del Estado al considerar que la práctica puede afectar a consumidores de distintas comunidades autónomas.
En concreto, la organización ha pedido que se inicien actuaciones de inspección e investigación, que se cese inmediatamente el cobro a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria o formalización contractual y que se impongan las sanciones que correspondan según la gravedad de los hechos.
