El Tribunal de Instancia de Madrid ha desestimado la solicitud de medidas cautelares promovida por Pimec y otras entidades asociadas contra la presidencia y la junta directiva de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).
Según ha explicado la organización, la resolución judicial «mantiene la estabilidad institucional de la organización, descarta cualquier tipo de intervención judicial en su gobernanza e impone el pago de las costas procesales a las entidades solicitantes».
El auto judicial, además, rechaza la suspensión cautelar de la presidencia, desplazar a la junta directiva o paralizar los acuerdos adoptados tras la asamblea general de Conpymes del pasado mes de marzo.
«No existen razones que justifiquen alterar de forma inmediata la gestión de la confederación ni sustituir provisionalmente a sus órganos actuales antes de que exista una sentencia definitiva», ha profundizado Conpymes.
La organización presidida por José María Torres también ha recordado que el procedimiento judicial continuará su tramitación ordinaria hasta dirimir el fondo del litigio.
Victoria judicial para Conpymes
La justicia ha considerado que la legalidad del proceso electoral exige «un análisis sereno, un debate contradictorio y una prueba completa» que no se dan en esta fase inicial, ha señalado Conpymes.
También descarta que se haya acreditado un daño «actual, real e irreversible» que justifique paralizar la actividad ordinaria de la organización.
Otro de los puntos que recoge la resolución judicial es que las entidades demandantes no representan actualmente a la mayoría de los asociados.
Según la documentación aportada, asegura Conpymes, las organizaciones han dejado de atender sus obligaciones económicas. Por ello, desde la organización han querido recordar que los derechos de participación van ligados de forma indisoluble al cumplimiento leal de las obligaciones comunes.
«Graves» afirmaciones
El presidente de Conpymes, José María Torres, ha negado que la organización interprete la resolución judicial como una victoria y ha matizado que, a su parecer, se trata de una garantía. «Conpymes debe seguir funcionando con normalidad, defendiendo una voz propia, plural e independiente para las pymes y autónomos», ha hecho hincapié.
Sin embargo, también ha lamentado las acusaciones vertidas en los últimos meses. «Se han hecho afirmaciones muy graves sobre Conpymes, su junta directiva y mi actuación como presidente», ha considerado y ha señalado que el auto «confirma» que no existía una base legal para desplazar cautelarmente a los órganos actuales.
El procedimiento judicial continúa
Por su parte, fuentes de Pimec han matizado que la resolución judicial se limita «exclusivamente» a desestimar las medidas cautelares solicitadas. «El tribunal no entra en el fondo del asunto ni valida el proceso electoral o las actuaciones impugnadas», ha señalado la patronal presidida por Antoni Cañete.
En este sentido, ha considerado que las consideraciones relativas al número de entidades demandantes o sus obligaciones económicas no resuelven la cuestión de fondo. «El procedimiento judicial continúa y será en este marco donde se deberán esclarecer los hechos y determinar, si es necesario, las responsabilidades correspondientes», han profundizado.
Con todo, han advertido que las entidades fundadoras valorarán la situación y adoptarán las decisiones necesarias para defender el proyecto fundacional de Conpymes.
Tensión entre Pimec y Conpymes
La tensión entre las dos organizaciones empresariales se remonta a finales del año pasado, cuando el líder de Conpymes encabezó un viaje a Israel. A pesar de que aseguró que se trataba de una misión empresarial de la patronal, algunos sectores empresariales no vieron con buenos ojos la decisión a tenor de la escalada de la tensión entre España e Israel por la guerra en Palestina.
Las elecciones en Conpymes echaron más leña al fuego, después de que el actual presidente anunciase su intención de volverse a presentar para revalidar el cargo, a pesar de que las entidades que conforman la organización rechazaron la decisión, entre ellas, Pimec.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas, junto a Uatae y Fenadisme, optó por acudir ante la justicia junto a otras entidades para impugnar la asamblea después de que José María Torres fuera nombrado presidente. Ante este escenario, Conpymes abrió un expediente disciplinario a las entidades, que desembocó en la anulación judicial de su expulsión cautelar.
Tras un periodo de análisis por parte de la comisión ética de Pimec, la asamblea general se decantó por expulsar de la organización a José María Torres, lo que implicó que dejase de ser socio. En respuesta, el presidente de Conpymes denunció su cese, si bien la justicia no aplicó medidas cautelares.
