La industrialización de la vivienda se ha convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno para aumentar la oferta residencial, reducir los plazos de construcción y hacer frente a la falta de mano de obra del sector. Sin embargo, el PERTE destinado a transformar el ladrillo tradicional en una actividad más próxima a la manufactura permanece atascado desde mayo.
Los 1.300 millones de euros anunciados para impulsar la construcción industrializada siguen, por el momento, sin repartir entre las empresas del sector.
El plan fue presentado a principios de 2025 como una de las herramientas para abordar uno de los principales desequilibrios del mercado residencial español: la incapacidad de la oferta para responder al aumento de la demanda, especialmente en las zonas tensionadas.
La propuesta pasa por cambiar el modelo de construcción in situ, basado en buena medida en procesos artesanales y en una elevada intensidad de mano de obra, por otro en el que una parte creciente de los componentes de los edificios se fabrique previamente en instalaciones industriales.
Paneles, estructuras, fachadas o incluso módulos completos podrían salir de una fábrica para ser posteriormente trasladados y ensamblados en la parcela. El objetivo es trasladar parte del proceso constructivo desde la obra a un entorno industrializado, automatizado y digitalizado.
La industrialización representa actualmente apenas el 1% de la producción de vivienda en España, según los objetivos planteados para el PERTE. La ambición del Gobierno es multiplicar por diez esa cuota y alcanzar el 10% de la producción en el plazo de una década.
Para ello, el Ejecutivo anunció una dotación de 1.300 millones de euros, con la intención de movilizar también inversión privada. La previsión es que cada euro de financiación pública tenga un efecto multiplicador de alrededor de 1,4 euros procedentes del sector privado.
La cuestión es que el dinero todavía no ha comenzado a llegar a las empresas. Desde mayo, el PERTE permanece pendiente de su desarrollo operativo y de la puesta en marcha de los mecanismos que permitirán distribuir los fondos.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha avanzado en la elaboración de las bases reguladoras que determinarán las condiciones de acceso a las ayudas, que previsiblemente se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
Estas bases serán determinantes para concretar qué tipo de proyectos podrán acceder a la financiación y bajo qué criterios. También servirán para delimitar el alcance de una iniciativa que pretende modificar de forma estructural el funcionamiento de uno de los sectores más tradicionales de la economía española.
El PERTE se articula alrededor de tres grandes áreas. La primera es el aumento de la capacidad productiva. El objetivo es impulsar la creación y ampliación de fábricas capaces de producir componentes y sistemas constructivos de forma industrializada.
El plan busca que tanto las grandes compañías como, especialmente, las pequeñas y medianas empresas puedan incorporar maquinaria, automatización y procesos que les permitan aumentar su escala.
La segunda pata es la transformación digital. La industrialización requiere una planificación mucho más precisa que la construcción convencional.
Herramientas como BIM (Building Information Modeling) permiten diseñar y gestionar digitalmente un edificio antes de su construcción, coordinando los distintos elementos y reduciendo errores durante la ejecución.
El tercer eje es el talento. El sector de la construcción se enfrenta desde hace años a un problema de relevo generacional y de escasez de profesionales.
La transformación hacia un modelo industrial también exige perfiles diferentes, desde ingenieros de procesos y especialistas en automatización hasta técnicos vinculados a la fabricación y el montaje.
La industrialización promete, además, reducir de forma significativa los plazos de construcción. Dependiendo del sistema empleado y del grado de prefabricación, los tiempos de ejecución pueden acortarse entre un 20% y un 60%.
El traslado de una parte de los trabajos a una fábrica permite desarrollar simultáneamente la fabricación de componentes y las actuaciones previas en la parcela.
A esta reducción de plazos se suma una mayor precisión en los procesos y una potencial disminución de residuos. La fabricación en entornos controlados permite estandarizar componentes y reducir algunas de las ineficiencias asociadas a la construcción tradicional.
Pero el salto del 1% al 10% no dependerá únicamente de la existencia de financiación pública. La construcción industrializada exige inversiones elevadas en plantas, tecnología y desarrollo de producto.
También requiere un volumen suficiente de proyectos para garantizar que las fábricas puedan mantener una utilización adecuada de su capacidad productiva.
Un PERTE de 130 millones al año
En este contexto, los 1.300 millones de euros del PERTE se presentan como una pieza clave para acelerar la transformación, pero el retraso en su despliegue mantiene al sector a la espera.
Las empresas conocen la dirección general de la estrategia, aunque todavía necesitan conocer las reglas definitivas para diseñar proyectos y preparar sus inversiones.
El Gobierno ha avanzado también en la estructura de gobernanza del proyecto mediante la Comisión Interministerial encargada de supervisar su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos.
La coordinación entre administraciones será relevante en un programa que afecta a la política de vivienda, la industria, la digitalización, la formación y la financiación empresarial.
La paradoja es que el PERTE llega en un momento en el que la necesidad de aumentar la producción de vivienda es una de las principales preocupaciones del mercado inmobiliario.
La escasez de suelo finalista, los largos plazos administrativos y la falta de mano de obra limitan la capacidad de incrementar la oferta mediante los métodos convencionales.
La industrialización no elimina esos problemas, pero aspira a reducir uno de los principales cuellos de botella: el tiempo necesario para levantar nuevas promociones. El reto ahora es pasar de los anuncios y las bases reguladoras a la ejecución efectiva.
Tres meses después de que el PERTE quedara sobre la mesa, los 1.300 millones de euros continúan pendientes de encontrar destino.
