El Gobierno prepara un nuevo escudo anticrisis para hacer frente al repunte de los precios en la energía debido a la guerra en Oriente Próximo, con varias de las ayudas vigentes a punto de caducar y con la factura regulada del gas amenazando con dispararse un 54% desde el próximo 1 de octubre.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, 29 de septiembre, un nuevo real decreto-ley para proteger a hogares y empresas ante el encarecimiento de la energía y otros costes.
El Ejecutivo todavía no ha concretado el contenido definitivo del paquete, aunque sí ha avanzado que mantendrá las ayudas dirigidas al sector agroalimentario, incluida la compensación por el sobrecoste del gasóleo agrícola.
La nueva norma llegará cuando expiran buena parte de las medidas coyunturales incluidas en los dos paquetes anteriores. El plan aprobado en marzo y actualizado en junio estableció una retirada progresiva de estas ayudas hasta finales de septiembre, aunque algunas protecciones, como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, tienen vigencia durante todo 2026.
El gas, la primera factura que mira al Gobierno
Uno de los principales frentes que deberá abordar el nuevo decreto está en el gas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la factura de la tarifa regulada, la TUR, podría aumentar un 54% a partir del 1 de octubre.
Para un hogar con calefacción de gas y un consumo anual de 9.000 kilovatios hora, el recibo pasaría de unos 600 euros a alrededor de 910 euros al año, lo que supondría unos 310 euros adicionales. La subida estimada se explica principalmente por el mayor peso del gas estacional en el cálculo de la tarifa durante el último trimestre y por el encarecimiento de los futuros del gas.
La estimación de la OCU todavía no equivale al precio definitivo de la TUR, que se conocerá con la revisión correspondiente al 1 de octubre. Precisamente por ello, la evolución de esta tarifa se convierte en uno de los elementos que el Gobierno deberá tener en cuenta al diseñar el nuevo paquete de medidas.
Los carburantes también encaran el otoño
El otro gran frente está en los carburantes. Las rebajas fiscales aplicadas durante el verano tienen una vigencia que termina a finales de septiembre, después de un esquema de retirada progresiva aprobado en junio.
El segundo real decreto-ley del plan estableció para septiembre una reducción del impuesto de hidrocarburos, al tiempo que mantuvo hasta el 30 de septiembre una ayuda equivalente a 20 céntimos por litro para los profesionales del transporte, la agricultura y la pesca.
El nuevo decreto deberá determinar qué parte de estas medidas se mantiene y durante cuánto tiempo, en un momento en el que los productos energéticos ya están ejerciendo una presión considerable sobre el IPC.
La inflación interanual alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023. El repunte estuvo especialmente relacionado con la energía, cuya tasa de inflación se situó en el 16,9%, con aumentos en la electricidad, el gas y, sobre todo, los combustibles.
Funcas calcula que la inflación podría alcanzar el 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% durante los meses posteriores. En su escenario central, la tasa media anual se situaría en el 3,6% en 2026 y en el 2,9% en 2027.
El campo, entre los sectores que mantendrán apoyo
El sector primario será uno de los principales beneficiarios de la continuidad de las ayudas. El Gobierno ya ha confirmado que pretende prorrogar las medidas de apoyo al sector agroalimentario, incluida la compensación por el sobrecoste del gasóleo agrícola.
Los paquetes anteriores incorporaron también ayudas a fertilizantes y al combustible para agricultores, ganaderos y pescadores. En septiembre, además, comenzaron a abonarse las ayudas extraordinarias para la compra de fertilizantes, con 494,57 millones de euros correspondientes al primer listado de beneficiarios.
El transporte profesional es otro de los sectores que ha recibido apoyo específico durante la crisis energética.
En conjunto, las medidas aprobadas desde marzo han movilizado miles de millones de euros. El primer paquete del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Próximo movilizó más de 5.000 millones de euros y el segundo decreto aprobado en junio incorporó medidas por otros 1.825 millones en 2026, además de medidas fiscales con impacto en ejercicios posteriores.
