Según reportes de archivo de LISTÍN DIARIO, el ex teniente de navío fue acusado de tener “fuertes nexos” con el grupo de oficiales acusados al asesinato de siete extranjeros en Paya, un conflicto ajuste de cuentas por unos 1,300 kilos de cocaína robados.
Nacionales15 de enero de 2021
Aguila Digital
Carlos Edelmiro Rossó Peña, quien fue una de las dos personas que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) perseguía con el allanamiento de la oficina del alcalde de Santiago Abel Martínez, fue vinculado con la masacre de Paya, provincia Peravia, ocurrida en 2008.
Según reportes de archivo de LISTÍN DIARIO, el ex teniente de navío fue acusado de tener “fuertes nexos” con el grupo de oficiales acusados al asesinato de siete extranjeros en Paya, un conflicto ajuste de cuentas por unos 1,300 kilos de cocaína robados.
Asimismo, Rossó Peña fue solicitado para extradición por la justicia de los Estados Unidos a mediados de septiembre de 2009, luego de informes de inteligencia que lo ligaban al tráfico de drogas, hacia ese país vía Puerto Rico, usando de su condición de militar.
Un año antes fue desvinculado de la Armada de la República, precisamente por sus lazos al narcotráfico, en un expediente que figuraban un grupo de oficiales que fueron expulsados de la Marina de Guerra por supuestos viajes ilegales y otras acciones delictivas.
Rossó Peña estuvo en la División de Inteligencia Naval de la Marina (M-2), Batallón Policía Militar de la Marina de Guerra, en la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (J-2), y en el Patrullero de Altura 2 “Juan Alejandro Acosta”.
El operativo
Este viernes miembros del Ministerio Público y DNCD llevaron a cabo una pesquisa en la urbanización Paraíso del sector Gurabo, Santiago, donde allanaron una residencia que el alcalde de ese municipio, Abel Martínez, ha utilizado como oficina durante los últimos 15 años.
De acuerdo con la orden de allanamiento el Ministerio Público buscaba a Rossó Peña y a otro desvinculado de la Armada, Amílcar Rafael Soto Candelario, por supuestamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.
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