La minería Bitcoin era un desastre medioambiental: la solución de Estados Unidos es una tasa del 30%

Estados Unidos está dejando de ser el paraíso de las criptomonedas. Además de los movimientos de la SEC, ahora es la Administración Biden la que ha mostrado su propuesta. La principal medida que afecta al Bitcoin es la denominada tasa de hasta el 30% sobre el coste energético de la minería.

En función de la energía que cueste minar la criptomoneda, Estados Unidos añadirá una tasa. Inicialmente será del 10%, pero se irá incrementando cada año en otro 10% hasta alcanzar, al cabo de tres años, el nombrado 30%. El objetivo, según describen desde el gobierno estadounidense, es reducir el número de máquinas de minería de criptomonedas en el país.

Nueva York fue el primer estado en optar por limitar la minería Bitcoin, debido a su alta ineficiencia energética. Ahora esta idea quiere trasladarse a nivel nacional.

"El aumento en el consumo de energía atribuible al crecimiento de la minería de activos digitales tiene efectos ambientales negativos y puede tener implicaciones de justicia ambiental, así como aumentar los precios de la energía para aquellos que comparten una red eléctrica con mineros de activos digitales", explica el documento del Departamento del Tesoro.

Por el momento es una propuesta. Ahora deberá pasar por la Cámara de Representantes y por el Senado, donde podría encontrarse con oposición.

Además de la tasa a la minería, el documento abre la puerta a otras propuestas como una ampliación de las reglas de préstamos de valores, donde se incluirían los activos digitales.

La regulación de las criptomonedas se presenta como uno de los temas que intentará abordar la Administración Biden durante este mandato.

La intención es empezar a aplicar una tasa del 10% a partir del 31 de diciembre de este año, alcanzando el 30% a partir del tercer año. A los mineros del Bitcoin se les solicitará una estimación de la energía consumida, para poder realizar el cálculo.

Se espera que la implementación de esta tasa vaya acompañada de una mayor vigilancia de aquellos que se conectan ilegalmente a la red eléctrica.