La Audiencia Nacional ha dado por firme la absolución de la cúpula de Urbas por las presuntas irregularidades que se registraron en la ampliación de capital de 2015, cerrando así un procedimiento que lleva arrastrando el grupo desde hace más de una década.
La decisión llega cuando la compañía atiende pendiente a la aprobación del convenio con el que pretende pagar su concurso de acreedores por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha declarado firme, mediante auto fechado ayer, la sentencia que ya se emitió el pasado 20 de abril, en la que se absolvía a todos los acusados.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el fallo en septiembre, pero la Audiencia Nacional rechazó sus argumentos y, una vez transcurrido el plazo para presentar recurso de casación, la absolución ha quedado definitivamente cerrada.
El procedimiento que Urbas deja atrás se remonta a 2015, cuando el grupo realizó una ampliación de capital de 384,488 millones de euros con la aportación del 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
La Fiscalía inició el caso porque sostenía que los activos de Aldira habían sido valorados muy por encima de su valor real por parte de Urbas. Según la acusación, la operación podía haber perjudicado a los inversores que recibieron acciones de Urbas a cambio de unos activos con un valor real más bajo.
La Audiencia Nacional, sin embargo, concluyó en su sentencia absolutoria que no se había acreditado ningún perjuicio para Urbas ni un beneficio para sus administradores. Con la decisión adoptada ahora, el proceso queda definitivamente cerrado.
Del caso penal al concurso de acreedores
El cierre de este procedimiento coincide con otra batalla que Urbas está librando en el ámbito mercantil. La compañía arrastra desde 2025 una crisis financiera que la llevó a solicitar el concurso voluntario de acreedores.
El grupo comunicó en septiembre de 2025 la solicitud del concurso después de no conseguir cerrar dentro del plazo previsto su proceso de reestructuración financiera. La compañía había presentado meses antes un plan de reestructuración que, según explicó entonces, contaba con el respaldo del 76,8% de la deuda nominal.
Cabe remarcar que la solicitud concursal se planteó inicialmente como una vía preventiva mientras seguían abiertas las alternativas para reordenar su deuda.
El concurso terminó siendo declarado en enero de 2026. Desde entonces, el objetivo de la compañía ha sido evitar que el procedimiento obligue a la liquidación de la compañía, con lo que tenía que lograr un acuerdo con sus acreedores.
El camino no ha sido sencillo. Durante los primeros meses del concurso, la propuesta de encontró oposición entre varios acreedores y la administración concursal llegó a cuestionar su viabilidad. La compañía, por su parte, siguió buscando apoyos para conseguir las mayorías necesarias.
La situación ha cambiado en las últimas semanas. Urbas ha comunicado a la CNMV que 45 acreedores, que reúnen adhesiones por valor de 54,7 millones de euros han dado su apoyo a la propuesta de convenio. Con ellos, Urbas consiguió el apoyo del 61,19% del pasivo ordinario incluido en la lista de acreedores. Frente a ellos, los acreedores que se posicionan en contra concentran 24,5 millones, el 27,48%.
Con esas adhesiones, Urbas considera que se cumplen las mayorías exigidas por la Ley Concursal, por lo que ha pedido al juzgado que proclame la aceptación de la propuesta, y en eso está Urbas ahora mismo.
Entre los acreedores que no han respaldado la propuesta figuran varias entidades financieras y organismos, entre ellos Abanca, CaixaBank, BBVA, Asefa, la Agencia Tributaria y Sareb, según la documentación recogida por Invertia.
