El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha celebrado este viernes un briefing de prensa a las puertas de la aprobación del real decreto de centros de datos al que solo ha invitado a una selección de medios. Según ha podido confirmar Economía Digital, han acudido El País/Cinco Días, La SER, La Vanguardia, eldiario.es y El Periódico. Muchos otros han quedado fuera sin explicación alguna.
La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) ha trasladado su protesta formal al Ministerio. En un mensaje en X, la asociación afirma haber sabido, y confirmado por varias vías, que la convocatoria se limitó a determinados medios y excluyó a otros muchos que, por su audiencia y su representatividad, deberían haber estado presentes.
La APIE sostiene que esa exclusión va contra la libertad de expresión y de prensa, califica de intolerable este tipo de discriminaciones en un organismo gubernamental y recuerda que, como pilar elemental de la libertad de prensa, el acceso a la información debe ser igual para todos los periodistas, con independencia de la línea editorial del medio para el que trabajen.
Este periódico contactó con el Ministerio por la mañana y de nuevo por la tarde para pedir explicaciones sobre los criterios de selección y no obtuvo respuesta.
Cuenta atrás para el decreto
La cita informativa giraba en torno al real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos, una norma que el Gobierno quiere aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este mismo viernes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que espera sacarla adelante antes de los comicios por considerarla muy importante.
El proyecto, impulsado por Transición Ecológica junto con los ministerios de Economía y Transformación Digital, obliga a los centros de datos a acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables. Esas instalaciones no pueden haber entrado en funcionamiento más de 18 meses antes que el propio centro. López defendió la norma como garantía de sostenibilidad y advirtió de que un consumo energético desmedido podría trasladarse al recibo de la luz de los ciudadanos.
En cuanto a la tramitación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha emitido su informe, en el que recomienda flexibilizar las exigencias de adicionalidad y de correlación horaria. El texto queda ahora pendiente del examen jurídico del Consejo de Estado. El Ejecutivo pretende llevarlo al Consejo de Ministros en los próximos días, por la vía urgente, para que pueda publicarse en el BOE antes de la convocatoria electoral.
Se trata de una de las regulaciones más seguidas por el sector energético y tecnológico, con un impacto potencial sobre inversiones, red eléctrica y precios. Que el departamento que la lidera restrinja a una parte de la prensa la información de primera mano sobre su contenido plantea, a juicio de la APIE, un problema de trato igualitario que el Ministerio no ha aclarado hasta ahora.
