Los dos principales sindicatos españoles, UGT y CCOO, convocan la huelga que se celebra hoy en España con el número de afiliados en caída; con un patrimonio económico disparado; y sin ofrecer la transparencia contable exigible a las compañías privadas.
Las dos organizaciones sindicales apuestan por una movilización popular masiva, a pesar de tratarse de una huelga general atípica, la primera desde 2012 (convocada contra la reforma laboral de Mariano Rajoy), en la que la principal reivindicación es el acceso a la vivienda, y que se celebra a pocos días vista de las elecciones generales, el próximo 29 de noviembre.
Las patronales empresariales se oponen a la convocatoria y exigen que se respeten los derechos de los trabajadores que decidan acudir a sus puestos. Entre las asociaciones que representan a los autónomos, la mayor del país, Ata, es contraria a la convocatoria, mientras que Uatae y Upta sostienen que existen razones de sobra para secundarla.
UGT, CCOO, caída de afiliados
Los dos sindicatos mayoritarios españoles defienden la huelga general con el número de afiliados en caída y sin capacidad aparente de atraer a las nuevas generaciones.
Un informe de Funcas, la división de estudios de las cajas de ahorro, publicado el pasado mes de febrero, concluye que el nivel de afiliación sindical en España se ha reducido de forma paulatina durante este siglo, cayendo del 15% de asalariados a menos del 13% actual, de acuerdo a datos de la OCDE.
«En los últimos años, diversos estudios han señalado un proceso de debilitamiento de la afiliación sindical en muchas economías avanzadas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y aquellos con trayectorias laborales más inestables», señala el informe de Funcas.
El fenómeno se ha vinculado «a una transformación estructural del mercado de trabajo, caracterizado por el aumento de la temporalidad y una mayor rotación en el empleo», así como por la transformación de las relaciones laborales.
En España los sindicatos «mantienen una presencia relativamente más sólida entre los trabajadores con trayectorias estables«, pero afrontan mayores dificultades para integrar «a los nuevos entrantes al mercado de trabajo y a quienes ocupan posiciones más vulnerables», añade Funcas.
Sin transparencia contable
Ni UGT ni CCOO presentan cuentas actualizadas, tampoco razonablemente explicadas, alejados de los requisitos que se exigen a las empresas privadas.
UGT, en su web, en el apartado de Transparencia, asegura que su apuesta «por la Transparencia nos lleva a ir mucho más allá de las obligaciones marcadas por la ley«.
«Creemos en la transparencia como herramienta fundamental para hacer crecer nuestra organización de forma más abierta, permeable y democrática», dice. Y subraya que, aunque no está obligado a ello, publica sus cuentas anuales y presupuestos.
Sin embargo, las últimas cuentas anuales que publica el sindicato son del año 2021; los últimos presupuestos son del ejercicio 2024; el último balance es de 2023; y la última cuenta de gestión es de 2021. Todo ello en informes de dos páginas tan solo.
El sindicato liderado por Pepe Álvarez no desglosa las remuneraciones de sus principales representantes, y asegura que acordó en su 43 Congreso que las retribuciones salariales de sus miembros «no superarán los 48.800 euros brutos anuales«.
CCOO tiene publicado en su web las cuentas, balance y presupuesto del año 2024, todo unido en un mismo informe de más de 100 páginas.
El auditor de las cuentas de CCOO, la firma Global Spain Audit Services, explica que el sindicato no está sujeto a las obligaciones contables normalizadas, por lo que las cuentas son preparadas de acuerdo al marco normativo que el sindicato considera es el mejor para mostrar la imagen fiel.
El auditor de CCOO impone una salvedad a las últimas cuentas del sindicato advirtiendo que no es posible «la obtención de un valor razonable» de los inmuebles que posee, cuyos derechos de uso han sido cedidos de forma gratuita por Ley.
Tampoco CCOO desglosa las retribuciones de sus principales representantes, pero señala que los miembros de la Comisíon Ejecutiva Confederal, compuesta por 14 miembros, liderada por Unai Sordo, percibió en total, en 2024, cerca de 0,6 millones de euros.
Menos afiliados, más patrimonio
A pesar de la falta de transparencia contable y del aparente estancamiento en el número de afiliados, es posible inferir que tanto UGT como CCOO llegan a esta convocatoria de huelga general con un patrimonio que suma más de 130 millones de euros, y resultados positivos.
CCOO terminó el año 2024 con ingresos por importe de 23,2 millones de euros (21,7 millones un año antes), un patrimonio valorado en 71,4 millones (65,9 millones en 2023), fondo de maniobra positivo de 22,5 millones (16 millones en 2023), y un resultado positivo de 4,4 millones, prácticamente el doble que al cierre de 2023.
UGT, según el último informe (dos páginas) de presupuestos publicado por el sindicato, del año 2024, tenía previsto ingresos ese año de 22 millones, y gastos por importe de 16 millones.
La división de UGT de industria, construcción y agro (UGT-Fica), sí que ha actualizado el presupuesto para 2026, según el cual prevé ingresos de 23 millones de euros.
Según el último Balance de situación publicado por UGT, del año 2023, el sindicato registraba ese año un patrimonio neto valorado en 62,2 millones de euros.
En cuanto a las subvenciones percibidas por ambos sindicatos, tampoco existe transparencia sobre las ayudas públicas totales percibidas, cifras globales publicadas.
En el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas se publican los 30.000 Grandes beneficiarios que perciben más de 100.000 euros, y en ese registro aparecen numerosas delegaciones tanto de UGT y CCOO con ayudas millonarias.
El veterano periodista Francisco Núñez, experto en información macroeconómica y sindical, estima en base a esos datos que los dos sindicatos, a mediados de 2025, sumaban 150 millones de euros en subvenciones.
El Gobierno ha elevado este año hasta los 32 millones de euros las subvenciones a los sindicatos para financiar su actividad, frente a los menos de diez millones que destinaba anualmente el último Gobierno de Mariano Rajoy.
