La Sepi afronta este año un deterioro millonario del fondo de rescate que gestiona desde 2020 por la situación concursal en la que se encuentran Tubos Reunidos, la aerolínea Volotea y las clínicas dentales Vivanta, entre otras empresas rescatadas que pasan por graves problemas financieros.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), dependiente de la Sepi, registró en 2025 sus primeras pérdidas, de 140 millones de euros (beneficio de 41,7 millones en 2024), tras anotarse un deterioro de 260 millones (89 millones deteriorados un año antes), como avanzó este diario el martes.
El importe total deteriorado por el Fasee acumulado se sitúa en 424,8 millones de euros (37,4 millones en 2022; 37,6 millones en 2023 y 89,4 millones en 2024).
Pero las cuentas de 2026 pueden ser todavía mucho peores, dada la crítica situación en la que se encuentran algunas de las empresas rescatadas, que obligaría al Fasee a elevar el deterioro incrementando las pérdidas.
A principios de este mes de septiembre fue declarado en concurso de acreedores el grupo Aestes, propietario de las clínicas dentales Vivanta, com un pasivo cercano a los 100 millones.
El grupo, controlado por el fondo estadounidense Ares Management, recibió a mediados de 2022 una ayuda del Fasee de 40 millones de euros. Simultáneamente a la solicitud de concurso de acreedores, el grupo Aestes presentó una oferta de compra por parte de las clínicas del fondo canadiense OTPP.
Tubos Reunidos fue rescatada por la Sepi en 2021 con 113 millones
El martes se conoció que la aerolínea Volotea, que en 2022 recibió 200 millones del Fasee, se ha acogido al preconcurso de acreedores. La compañía trata de negociar un convenio con los acreedores que evite la declaración del concurso.
Volotea ha registrado pérdidas millonarias año tras año desde la concesión de la ayuda pública, 350 millones de euros desde 2022.
Tubos Reunidos es otra compañía rescatada por la Sepi que ha sido declarada en concurso de acreedores este año.
El Juzgado número 7 del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, con competencias en Mercantil, dictó auto el pasado mes de junio en el que declara en concurso voluntario de acreedores a Tubos Reunidos S.A., cabecera del grupo Tubos Reunidos, cotizada.
En julio la multinacional vasca se acogió en Estados Unidos a la ley de quiebras. Según publicó el diario El Economista, de la documentación aportada por la compañía desvela deuda financiera correspondiente a un préstamo sindicado de 265,79 millones de euros, dividido en tres tramos. A ello se añade el préstamo participativo concedido por el Fasee en 2021 por importe de 112,8 millones de euros.
Sepi, presión judicial
Al empeoramiento progresivo de las cuentas del Fasee, con las primeras pérdidas registradas en un año, de 140 millones en 2025, tras disparar el deterioro aplicado a los préstamos concedidos, se suma la presión judicial a la que está sometida la Sepi, dependiente del Ministerio de Hacienda, y su cúpula.
El pasado 29 de junio, el Juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, citó como imputados a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y a otros directivos del organismo público.
El magistrado investiga la influencia que pudo ejercer el grupo compuesto por la conocida como ‘fontanera del PSOE’, Leire Díez; el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández (también imputado); y el empresario Antxon Alonso, en la concesión de ayudas públicas a empresas (Tubos Reunidos, Forestalia, Mercasa, Enusa y Parque Empresarial Principado de Asturias).
En diciembre de 2025 fue detenido el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández. En uno de los informes de la Guardia Civil sobre Tubos Reunidos, conocido este año, se expone como Fernández accedió a información confidencial sobre los rescates de la Sepi gracias a contactos que mantenía en el organismo.
El Juez Pedraz también investiga a los que fueran directores de participadas del grupo público, Miguel Ángel Figueroa y Rosario Martínez Manzanedo, así como al responsable de hacer seguimiento al expediente del rescate de Tubos Reunidos, Julián Mateos.
A principios del pasado mes de junio el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid admitió a trámite querella presentada por el PP, también por Vox, contra el actual vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, por presunto delito de prevaricación en la concesión de la ayuda pública a Air Europa, 475 millones de euros.
También se investiga en la Audiencia Nacional el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el papel que hubiera tenido en la operación el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez José Luis Calama ha citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de Zapatero, y como testigos, el día 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de Sepi, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.
