Dcoop gana apoyos políticos en la carrera millonaria por comprar Deoleo, propietaria de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca. Tras las primeras declaraciones del Gobierno, ahora Izquierda Unida (IU) ha defendido el «carácter estratégico para Andalucía y para el conjunto del Estado» de la aceitera española.
El partido ha exigido a los responsables competentes que expliquen «qué medidas piensan adoptar» ante un supuesto cambio cercano de propietarios para se tengan en cuenta «además de los criterios estrictamente financieros, el interés estratégico del sector oleícola, el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial en Andalucía, y los intereses de los productores y trabajadores vinculados a la compañía».
En este contexto, el portavoz de IU en el Congreso y diputado por Córdoba, Enrique Santiago, ha registrado este martes una iniciativa en la Cámara Baja donde plantean al Ejecutivo que detalle por escrito su valoración sobre si esta eventual adquisición de Deoleo por un grupo extranjero o por un fondo de inversión «puede afectar a la soberanía alimentaria, a la capacidad productiva del sector oleícola español o a la conservación en nuestro país del valor añadido generado por la producción de aceite de oliva».
El Gobierno entra en la compra de Deoleo
Las palabras de IU aumentan la presión que Dcoop, el sector agrario y los sindicatos están ejerciendo sobre el Gobierno.
Se suman además a las tibias declaraciones de Moncloa. Tas muchos días de silencio, el pasado jueves el Ejecutivo español, a través del ministerio de Agricultura, reconoció por primera vez que prefiere que el futuro dueño de la aceitera sea una «entidad española».
«La posición del Gobierno sería favorable a que el posible adquirente fuera una entidad española, en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado», señalaron entonces fuentes del equipo de Luis Planas, tendiendo así una mano a la española Dcoop, que solicitaba su posicionamiento ante el riesgo de que un grupo extranjero controle una empresa tan relevante para la economía española.
Hasta ese momento, el Gobierno había mantenido un mutismo total al respecto. Tras estas declaraciones, que en el sector se ven insuficientes, el Ejecutivo ha vuelto a tomar la misma posición de silencio.
