El Gobierno defiende la regulación que pretende llevar a cabo para el sector de los centros de datos, mientras la industria clama por las restricciones que, según su versión, desatarán una fuga de inversiones milmillonarias y una oleada de reclamaciones judiciales.
El real decreto para regular la eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos en España que sacó a audiencia pública el Ejecutivo en pleno agosto por la vía de urgencia ha desatado un aluvión de críticas y alegaciones que llegan desde el propio sector, patronales energéticas e incluso asociaciones renovables.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica que lidera Sara Aagesen confirman haber recibido hasta 600 alegaciones sobre el texto presentado. Pese a las críticas sobre los requisitos contemplados en la norma, el ministerio defiende que garantiza la «soberanía digital» y la «sostenibilidad energética y ambiental» de los centros de datos.
El viernes, la patronal española SpainDC, advirtió sobre la fuga de inversiones a países como Francia y Portugal si sigue adelante el proyecto y aseguró que tres grandes inversores han puesto en cuarentena hasta más de 9.000 millones de euros de inversión, prácticamente el 15% de lo proyectado hasta 2030.
Asimismo, destacó lo que considera defectos de forma del real decreto que pueden desencadenar demandas millonarias por, entre otras cosas, contener un régimen sancionador implícito que invade competencias del regulador, no tener en cuenta la retroactividad para los permisos de conexión a la red ya adquiridos o ser desproporcionada.
En definitiva, ven en la nueva regulación propuesta (no definitiva) una «prohibición de facto» para muchos proyectos que han puesto el foco en España. De hecho, enfatizan es que sería la «más restrictiva» de toda Europa, muy por delante de Irlanda.
El Gobierno se reafirma para elegir «los mejores» centros de datos
Lejos de recoger los avisos del sector, Transición Ecológica se ha reafirmado en su postura sobre lo positiva que es las nuevas normas que quiere implantar para una industria en pleno desarrollo.
El ministerio mandó su mensaje poco después de que la patronal SpainDC, que preside Emilio Díaz y cuenta con Begoña Villacís como dierctora ejecutiva, presentara al público sus alegaciones al real decreto. Es, además, el único de los tres ministerios que ha salido a defender de forma vehemente el texto sacado a audiencia.
Ni Transformación Digital, liderado por Óscar López, ni Economía, liderado por Carlos Cuerpo, parecen estar gastando demasiada energía en defender el proyecto inicial.
En esta línea, fuentes del sector explican a este medio que los requisitos incluidos en la norma, como la exigencia del 80% de consumo de energías renovables en todas las horas, han suscitado discrepancias entre el resto de ministerios, favorables a una regulación más flexible.
La dirige Aagesen mantiene el relato de que el despliegue de centros de procesamiento de datos debe ser acorde a las previsiones del sector, que estiman una potencia de computación acumulada de 2,5 gigavatios (GW) para 2030, lo que supone unos 4 GW de demanda eléctrica.
No obstante, mantiene que ya se han concedido permisos para conectarse a las redes eléctricas por más de 12 GW, el triple del objetivo marcado, con una elevada concentración en Aragón (3,6 GW) y Madrid (4,1 GW), que triplicaría y duplicaría el consumo de ambas regiones, respectivamente.
Con todo, lo que espera Transición Ecológica de su regulación es que España acoja «los mejores» centros de datos, lo que incluye a aquellos que «aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas».
Desde el sector consideran que, tal y como está definida la norma actualmente, sólo las grandes multinacionales con capacidad financiera podrán hacer frente a las inversiones extra necesarias para adaptarse a ella, mientras que pequeños y medianos proyectos se verán desplazados.
Las previsiones de la patronal reflejan una inversión total de 66.900 millones de euros entre 2026 y 2030, con proyectos como los de Amazon y Microsoft a la cabeza.
Del total, aseguran que entre el 40% y el 50% ya está comprometida, pero que la inversión no se empieza a disparar hasta que los promotores no consiguen los puntos de acceso y conexión a las redes eléctricas.
