
El sector de los centros de datos se levantó ayer en armas contra el Gobierno por la aprobación del decreto sin conocer la norma al completo. Este sábado se ha publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que pone negro sobre blanco las condiciones que tendrán que cumplir los proyectos para garantizar su continuidad.
El texto no solo impone nuevas exigencias de sostenibilidad, sino que también establece un calendario para los proyectos que ya habían iniciado los trámites.
Así, los que ya cuentan con los permisos, pero todavía no han completado su conexión eléctrica, dispondrán de seis meses para acreditar que cumplen los requisitos. De lo contrario, perderán las autorizaciones y se ejecutarán las garantías depositadas.
La conexión no se considera completada únicamente por disponer de una autorización o haber avanzado en las obras. El texto entiende que un centro está conectado cuando se ha acoplado eléctricamente a la red de transporte o distribución y ha formalizado el correspondiente contrato de acceso de terceros a la red (ATR).
Si transcurrido el plazo no han acreditado los requisitos, caducarán los permisos y se ejecutarán las garantías económicas depositadas.
Sin embargo, el calendario no es igual para todos. Los proyectos que todavía están pendientes de resolución tendrán tres meses para acreditar las condiciones exigidas. Si no lo hacen, sus solicitudes serán denegadas.
El 80% de la electricidad deberá proceder de renovables
Una de las principales exigencias del decreto es que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico generado por las estaciones renovables
Para ello, según dicta la norma, podrán recurrir a instalaciones de autoconsumo o a contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con productores de renovables y almacenamiento situados en España.
El real decreto establece, además, que las instalaciones renovables utilizadas para acreditar este requisito deberán contar con una fecha de puesta en servicio no anterior en más de 36 meses a la entrada en funcionamiento del centro de datos.
El texto también detalla la tan comentada correlación horaria. El 80% de la electricidad consumida deberá estar respaldada por energía renovable generada en esa misma hora.
Esto significa que no bastará con que los operadores contraten durante el año tanta electricidad renovable como la que consumen sus instalaciones.
También tendrán que demostrar que, hora a hora, la energía limpia que respaldan sus contratos o instalaciones cubre al menos el 80% de la electricidad.
Para facilitar la adaptación, la norma permite recurrir durante cinco años a un sistema alternativo más flexible a cambio de que los centros puedan reducir su consumo de forma automática cuando el sistema eléctrico lo requiera.
Hasta el 31 de diciembre de 2028, deberán acreditar un 60% de cobertura renovable en las horas punta (P1). Desde 2029, el porcentaje subirá al 70% en esas franjas y se exigirá además un 60% en las horas llanas.
Para acceder a este régimen, las instalaciones tendrán que estar habilitadas en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) y ser capaces de reducir su consumo hasta cero cuando el operador del sistema lo ordene para garantizar la seguridad de la red.
Si incumplen las condiciones o abandonan el sistema, el operador podrá adoptar las medidas necesarias, incluida la desconexión del centro a la red.
Límites al consumo de energía y agua
El Gobierno también establece nuevos parámetros de eficiencia energética e hídrica para estas instalaciones. Hasta que se aplique el sistema europeo de etiquetado, los centros de datos deberán mantener un indicador de eficiencia energética (PUE) igual o inferior a 1,25 y un indicador de consumo de agua (WUE) de 0,1 como máximo.
Estos requisitos no se exigirán desde el primer día de actividad. El límite energético deberá alcanzarse una vez transcurridos dos años desde la puesta en funcionamiento del centro de datos, mientras que el de consumo de agua contará con un plazo de un año.
Los centros de datos que hayan firmado su contrato de acceso a la red antes del 1 de enero de 2029 tendrán más margen para adaptarse a los nuevos requisitos de eficiencia energética.
Estos podrán seguir operando con un PUE de hasta 1,25 hasta el 31 de diciembre de 2031, pero a partir de 2032 deberán cumplir los límites de eficiencia que establezca la normativa europea.
