Una veintena de empresas se han visto en la tesitura de afrontar una multa interpuesta por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por incumplir la ley de la cadena alimentaria a lo largo del segundo trimestre del año, con un valor conjunto de más de 604.000 euros.
Así se desprende de los datos trimestrales relativos a las sanciones firmes impuestas en vía administrativa y judicial para dar cumplimiento a la ley de la cadena alimentaria.
Multas por incumplir la ley de la cadena alimentaria
Concretamente, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que siete de cada diez multas se han impuesto por no cumplir los plazos de pago, con un importe conjunto que rebasa los 432.000 euros.
Entre los motivos por los que la agencia ha optado por aplicar una multa también figura la resistencia y la obstrucción a la administración, lo que ha implicado el pago de más de 100.805 euros por parte de las empresas afetadas.
Una de las empresas que se ha visto obligada a asumir elevadas sanciones es la cadena de supermercados DIA por no cumplir con los periodos de pago establecidos, con un importe que supera los 181.000 euros.
A continuación, se sitúa Alpa Alimentos Frescos, con una cuantía de poco más de 58.166,16 euros; la empresa Martínez Sánchez, con 35.176 euros y Alcoholes de Tomelloso, con 31.624 euros.
Entre las empresas sancionadas figuran reconocidas marcas como Primaprix, con 17.880 euros; Mc Donald’s, con 13.800 euros; o Costco, con 9.900 euros. El resto de las empresas multadas son las que figuran a continuación:
- Agrícola San Francisco: 6.000 euros.
- Almacenes Yebenes: 15.360 euros.
- Campoamor de Murcia: 6.000 euros.
- Comerbal: 12.000 euros.
- Cox Dya: 24.000 euros.
- Europamur Alimentación: 10.800 euros.
- FCS Explotaciones: 26.334 euros.
- Fruta Diego Martínez e Hijos: 30.000 euros.
- Frutas Vicente Betancort: 21.600 euros.
- Grupo Llusar Torres: 3.000 euros.
- La Ardosa: 8.600 euros.
- Latxa Esnea: 1.800 euros.
- Naturnar Kryluan: 12.000 euros.
- Seragro-Iberian: 18.000 euros.
- Tomas Barreto: 24.762 euros.
Sanciones
Las sanciones que interpone la AICA por incumplir la Ley de la cadena alimentaria se gradúan en función de la intencionalidad y la transcendencia de la infracción cometida. Entre las infracciones leves figura incumplir las obligaciones de conservación de documentos, no cumplir con las condiciones previstas para formalizar contratos alimentarios o reclamar una compensación por parte del comprador al proveedor, por los gastos derivados de estudiar las reclamaciones de los clientes.
El siguiente grado son las infracciones graves que abarcan la ausencia del precio del contrato alimentario por escrito o la devolución por parte del comprador de productos que no se han vendido sin pagar por ellos o eliminarlos, entre otros.
El grado más alto son las infracciones muy graves, que se considera al cometer una segunda infracción grave en el plazo de dos años desde la interposición de la sanción. Según se desprende de la página web del organismo, los importes de las multas son los que figuran a continuación:
- Infracciones leves: entre 250 euros y 3.000 euros.
- Infracciones graves: entre 3.001 euros y 100.000 euros.
- Infracciones muy graves: entre 100.001 y 1.000.000 euros.
Incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
A lo largo del 2025, la AICA ha reforzado sus labores de inspección y control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, de manera que ha cuadruplicado la cantidad de sanciones que ha impuesto hasta rozar el millar.
Además ha supervisado cerca de 3.000 relaciones comerciales y ha realizado casi 400 inspecciones, de las cuales más de la mitad corresponden al sector de las frutas y hortalizas, mientras un 13% pertenecen al sector cárnico.
La agencia también ha investigado una treintena de denuncias por presuntos incumplimientos de la normativa, más de un tercio vinculadas al sector de frutas y hortalizas.
Desde el inicio de su actividad, el organismo ha realizado más de 8.400 inspecciones, que han dado lugar a cerca de 5.000 sanciones, por un importe cercano a 28 millones de euros.
En cuanto a las comunidades autónomas, en 2025 han efectuado 705 inspecciones de oficio, que han permitido controlar 2.858 relaciones comerciales e imponer 793 sanciones, prácticamente el doble que en 2024.
