Uno de los acuerdos alcanzados en el “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus implicaciones en RD” es la creación del Observatorio Nacional de Migración Laboral, concebido para monitorear la inserción laboral y el cumplimiento de las normas.
Así lo establece el informe final entregado por el Consejo Económico y Social (CES), en cuya elaboración participaron representantes de distintos sectores nacionales.
El documento a que tuvo acceso LISTÍN DIARIO precisa que el observatorio funcionará en coordinación con el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Migración (DGM), el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y universidades del país, aunque no detalla cuáles.
El texto explica que esta medida forma parte del fortalecimiento de la institucionalidad laboral, al recalcar que el Ministerio de Trabajo es el órgano rector de la política laboral y garante del cumplimiento de las leyes, aunque requiere mayores capacidades técnicas y operativas.
En ese marco, se acordó fortalecer la Dirección General de Empleo, el Servicio Nacional de Empleo (Senae) y el Servicio de Inspección de Trabajo, dotándolos de recursos para mejorar la fiscalización y la resolución de conflictos.
En lo relativo al registro y formalización de la mano de obra migrante, el informe propone mecanismos efectivos de identificación laboral que se desarrollen dentro de la legalidad, con el objetivo de “garantizar seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores”.
También se establece la aplicación estricta de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y el fortalecimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la Ley de Migración 285-04 y su Reglamento 631-11. “La informalidad laboral está estrechamente ligada a la irregularidad migratoria”, advierte el texto.
Integración al sistema bancario
El documento introduce una novedad en materia de inclusión financiera, al explicar que los trabajadores migrantes contratados legalmente podrán acceder a servicios bancarios.
“Evaluar facilidades de apertura de cuentas de nómina a trabajadores migrantes en condiciones formales”, señala el informe.
Además, se dispone aplicar con firmeza las sanciones por contratación irregular de migrantes, con incentivos para la formalización, e incorporar tecnologías de última generación para vigilar la contratación y el cumplimiento de las disposiciones laborales y migratorias, protegiendo la confidencialidad de los datos.
Para ello, se plantea reforzar la inspección del Ministerio de Trabajo, con un aumento de inspectores y mayor atención a los sectores de riesgo, aunque el informe no precisa el alcance de esta medida.
Información y formación laboral
El informe plantea la creación de un sistema nacional de información y monitoreo de la oferta y la demanda de trabajo, liderado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) junto al Ministerio de Trabajo.
Según el documento, esta herramienta permitirá disponer de estadísticas actualizadas para orientar la planificación laboral y evitar improvisaciones en la contratación.
También se propone ajustar la formación técnica a las necesidades reales del mercado en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) universidades y sectores productivos. La propuesta incluye programas de corta duración en áreas de alta demanda, con el propósito de facilitar la inserción de trabajadores dominicanos en sectores como la agropecuaria, la construcción y los servicios, donde la mano de obra migrante es predominante.
El texto resalta además el apoyo a las Mipymes mediante créditos preferenciales, cofinanciamiento de proyectos de innovación tecnológica y acompañamiento técnico. Estas medidas procuran elevar la productividad, formalizar empleos y disminuir la dependencia de mano de obra migrante informal.
Entre las propuestas figura un programa nacional de mecanización agropecuaria, respaldado con financiamiento y asistencia técnica, así como la creación de centros regionales de innovación agrícola y fondos de inversión territorial, orientados a incorporar más trabajadores nacionales en zonas de alta concentración de migrantes.
Otros ámbitos
En materia de migración, el documento subraya la necesidad de reforzar el control fronterizo y la gestión de los flujos mediante un sistema de registro biométrico unificado que articule a la DGM, la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Salud Pública.
Asimismo También propone la creación de unidades jurídicas especializadas en el Ministerio Público y en la DGM para investigar casos de tráfico ilegal y trata de personas, además de un Programa Nacional de Mecanización Agrícola para reducir la dependencia del campo dominicano de la mano de obra migrante.
Todas estas medidas se enmarcan, según el informe del CES, en un equilibrio entre la aplicación estricta de la ley y el respeto a la dignidad humana.
En el terreno del Comercio bilateral, el informe reconoce que la frontera no puede seguir operando bajo altos niveles de informalidad. Por ello, se destacan acciones como la construcción de la carretera internacional que conecte las provincias fronterizas, la incorporación de corredores sanitarios exclusivos para mercancías perecederas y la creación de esquemas de simplificación tributaria adaptados a la realidad local.
Además, se plantea la puesta en marcha de ventanillas únicas móviles para agilizar trámites aduaneros y la evaluación de un fondo de garantía que facilite crédito a pequeños negocios. Según el informe, estas medidas buscan transformar la frontera en un espacio de oportunidades sostenibles.
