Cómo Trump apuesta por leyes del siglo XVIII para cumplir sus promesas sobre la frontera y la ciudadanía

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea revivir una serie de leyes y teorías jurídicas de siglos pasados para impulsar su agenda en su primer año de mandato, particularmente en temas relacionados con la frontera y la ciudadanía por derecho de nacimiento. Su esperanza es que la historia le favorezca cuando las inevitablemente lleguen a la Corte Suprema.

Trump ha expresado su intención de invocar una ley poco conocida de 1798, con una historia controversial, para acelerar las deportaciones. Además, ha sugerido la posibilidad de utilizar una ley originada en la Rebelión del Whiskey de 1794 para desplegar el Ejército en suelo estadounidense.

La inmigración no es la única política en juego. Algunos de sus aliados, como el vicepresidente electo J.D. Vance, han abogado por hacer cumplir una ley de 1873 que prohíbe el envío de medicamentos abortivos por correo.

Trump ha enmarcado estas leyes como una reminiscencia de una época más fuerte de la política estadounidense, sugiriendo que podría recurrir a los poderes firmados por presidentes como John Adams y Thomas Jefferson para enfrentar al “enemigo interno” y llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

“Piensen en ello: tuvimos que volver a 1798”, dijo Trump en una reunión conservadora en Georgia, días antes de las elecciones de noviembre. “Fue entonces cuando tuvimos leyes que fueron efectivas”.

Sin embargo, algunas de las leyes que Trump planea invocar tienen historias problemáticas y su implementación probablemente provocará conflictos con una Corte Suprema conservadora de 6-3, que estará bajo un escrutinio constante sobre su disposición a apoyar las políticas de la nueva administración.

“La estrategia de Trump es ‘no te metas en mi camino’”, dijo William Banks, profesor de Derecho en la Universidad de Syracuse y experto en la Ley de Insurrección.

La ley de 1807
Según Banks, la Ley de Insurrección de 1807 ofrece al presidente “suficiente discreción para hacer mucho por su cuenta” cuando se trata de desplegar militares en el país para hacer cumplir la ley, como podría ser en el contexto de la inmigración. Esta ley ha sido invocada en situaciones históricas de gran tensión, como los disturbios en Los Ángeles en 1992.

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
Durante su campaña, Trump prometió invocar esta ley para “desmantelar cada red criminal migrante” en EE.UU. Esta ley permite al gobierno federal acelerar las deportaciones de ciudadanos de naciones consideradas hostiles, en tiempos de guerra o durante una invasión. El presidente electo argumentó que “en aquellos tiempos no se jugaba” y que ahora, más que nunca, esta ley sería útil.

Sin embargo, la Ley de Enemigos Extranjeros se utilizó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encarceló a ciudadanos japoneses y de otros países. Katherine Yon Ebright, abogada del Centro Brennan, ha advertido que utilizar esta ley fuera de tiempos de guerra podría ser considerado un abuso.

La ley de castidad de 1873
En cuanto a la Ley Comstock, que prohíbe el envío de materiales “lascivos” e “indecentes” por correo, algunos conservadores esperan que la administración Trump intente utilizarla para prohibir el envío de medicamentos abortivos. Trump ha dicho que no tiene planes de utilizarla para este fin, pero algunos aliados como Vance han presionado para que se revierta la postura del Gobierno de Biden sobre el envío de fármacos abortivos por correo.

Uso de militares para deportaciones
Trump ha expresado varias veces su deseo de utilizar los militares para ayudar con las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Esto probablemente requeriría el uso de la Ley de Insurrección. La última vez que se invocó esta ley fue por el presidente George H.W. Bush, tras los disturbios de Los Ángeles en 1992.

Ciudadanía por derecho de nacimiento
Trump también busca desafiar el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento, establecido en la 14ª Enmienda. Esta política ha sido reconocida desde que la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en 1898 que los niños nacidos en el país son ciudadanos, incluso si sus padres no lo son. Aunque los aliados de Trump están analizando cómo limitar la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados, los expertos legales opinan que la historia está en contra de cualquier intento de modificar esta ley.

Rogers Smith, profesor de la Universidad de Pensilvania, señala que “no hay historia ni tradición” que respalde una acción presidencial en contra de la ciudadanía por derecho de nacimiento, por lo que una posible acción ejecutiva probablemente no se sostendría ante la Corte Suprema.