SpainDC, la patronal que agrupa a las principales compañías con proyectos de desarrollo para centros de datos en el país, ha anunciado que recurrirá el real decreto aprobado este viernes por el Gobierno. La asociación que lidera Begoña Villacís va a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el texto que regula el consumo de electricidad y agua de esta industria y pedirá medidas cautelares para suspenderlo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado hoy en un consejo de ministros extraordinario el polémico decreto que mantiene elevadas exigencias para los promotores de centros de datos en España. El consumo de energía renovable es uno de los elementos que más fricción ha generado tanto en el sector como entre los agentes energéticos del sistema.
Desde el SpainDC —que agrupa a gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google y otras muchas pequeñas promotoras— calculan unos 67.000 millones de inversión proyectada hasta 2030 y han alertado en reiteradas ocasiones de que las condiciones impuestas son inasumibles, así como del riesgo de fuga del capital hacia otros países vecinos más laxos en regulación.
La patronal considera que, en la práctica, las condiciones impuestas en el real decreto «suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España» y que las inversiones «no esperarán indefinidamente a España y corren el riesgo de trasladarse a otros países, llevándose consigo actividad económica, innovación y oportunidades de desarrollo industrial».
De hecho, empresas como Quetta Data Centers (participada por Azora y CoreTech) han anunciado el traslado a Portugal de su inversión de 320 millones si el texto se aprueba, tal y como publicó ECONOMÍA DIGITAL.
“Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado. Pero lo más grave es que esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España. Sin centros de datos en nuestro territorio no hay autonomía tecnológica posible; dependeremos cada vez más de otros países para desarrollar la inteligencia artificial, sostener nuestra economía digital y gestionar nuestros datos», ha señalado Emilio Díaz, presidente de SpainDC.
En esta línea, ha asegurado que es «incomprensible» que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que «amenaza» precisamente las infraestructuras que la hacen posible. «No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación”, ha sentenciado
El Gobierno asegura que la factura se encarecería en 5.000 millones si no se regula
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido la nueva regulación asegurando que, de no imponerla, se podría generar un impacto de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica al encarecerse los precios del mercado mayorista y la necesidad de aumentar los mecanismos de capacidad.
Según uno de los escenarios planteados por el ministerio, los consumidores industriales podrían llegar a pagar un 25% más por la electricidad. En esta línea, Aagesen ha defendido que el real decreto pretende anticiparse a los problemas que el desarrollo de estas infraestructuras ya ha provocado en otros países.
Como ejemplo, ha señalado Irlanda, donde los centros de datos concentran el 23% del consumo eléctrico, y Países Bajos, donde representan cerca del 5%. Tanto en estos países europeos como en 15 Estados de Estados Unidos los gobiernos han impuesto moratorias a la construcción de nuevas instalaciones.
Desde el Gobierno también apuntan a que las solicitudes de acceso y conexión a la red por parte de los centros de datos se ha multiplicado en los últimos meses.
Así, la ministra del ramo ha explicado que, de los 12 gigavatios (GW) que tenían concedidos se han sumado otros 3 GW nuevos en apenas tres meses, haciendo un total de 15 GW. A esa potencia se suman más de 20 GW adicionales de proyectos que permanecen en cola y que aspiran a obtener acceso a la red, según ha indicado Aagesen.

Sobre esta circunstancia, la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, asegura que «no es de recibo que un Gobierno, en el tiempo de descuento y a nueve días de unas elecciones generales, pretenda hipotecar durante décadas el futuro industrial y tecnológico de España. Y que lo haga por la puerta de atrás de la tramitación urgente, sin consenso y haciendo oídos sordos a las advertencias del sector».
Villacís acusa a Aagesen de no asumir las consecuencias de años de falta de planificación e inversión en redes eléctricas y pretender «pasarle la factura» a quienes quieren invertir en España. «No están regulando nuestro futuro, están obligándonos a exportarlo”, ha aseverado.
La Asociación también cuestiona los 5.000 millones de euros de sobrecoste eléctrico anunciados por Aagesen. El sector denuncia que el Gobierno no ha explicado el origen ni la metodología utilizada para llegar a esa cifra, que además contrasta con las estimaciones técnicas y los estudios independientes que la propia organización ha trasladado al Ministerio.
Entre ellos figura un análisis de Wood Mackenzie que calcula que la incorporación de 3 GW adicionales de centros de datos elevaría el precio medio final de la electricidad apenas un 1,3% en 2030.
Ante esta discrepancia, la Asociación reclama a la ministra que detalle cómo se ha calculado el sobrecoste yjustifique una previsión que, a su juicio, no se corresponde con los escenarios recogidos en los estudios técnicos disponibles.
Las nuevas exigencias para los centros de datos
El texto definitivo suaviza algunas de las exigencias más polémicas del primer borrador del real decreto, amplía los plazos para cumplir las obligaciones de consumo de electricidad renovable y restringe su ámbito de aplicación a los centros de datos de mayor tamaño.
En concreto, las nuevas condiciones sólo afectarán a las instalaciones con una potencia superior a 10 megavatios, frente al umbral de 1 MW que recogía la primera versión.
Los grandes centros de datos deberán garantizar que al menos el 80% de la electricidad que consumen en cada hora procede de fuentes renovables, mediante instalaciones de autoconsumo y contratos de suministro a largo plazo.
Esta exigencia se mantendrá hasta que la generación renovable represente más del 90% del mix eléctrico español, un objetivo que las previsiones sitúan a una década vista.
Se trata de una de las condiciones que más rechazo ha generado entre las tecnológicas, que consideran prácticamente imposible garantizar ese porcentaje de suministro renovable durante todas las horas del año con las condiciones actuales del sistema eléctrico.
La principal concesión del Gobierno es la introducción de un periodo transitorio de cinco años para cumplir esta obligación. Durante ese tiempo, los nuevos centros de datos podrán acogerse a un régimen alternativo que les permitirá operar con requisitos menos exigentes a cambio de incorporarse al sistema de reducción automática de potencia (SRAP).
Este mecanismo faculta a Red Eléctrica (REE), como operador del sistema, para ordenar la desconexión urgente de estas instalaciones cuando sea necesario para evitar desequilibrios en la red.
Las empresas que opten por esta vía deberán aceptar que pueden ver interrumpido o reducido su suministro eléctrico sin recibir compensación económica.
Podrán mantener su actividad mediante baterías o sistemas de generación propios, pero asumirán que sus instalaciones serán las primeras en desconectarse cuando el operador necesite aliviar la demanda.
El decreto también flexibiliza las condiciones de contratación de electricidad renovable. Los centros de datos deberán acreditar que la energía que consumen procede de instalaciones de nueva construcción, con una antigüedad máxima de 36 meses.
El plazo duplica el previsto en el primer borrador, que lo limitaba a 18 meses. Además, el Gobierno introduce una excepción para la energía fotovoltaica: no habrá ninguna limitación de antigüedad para las plantas que suministren electricidad mediante contratos de compraventa (PPA) con una duración mínima de seis años.


