El Ejecutivo llevará este viernes 20 de noviembre el real decreto de centros de datos al Consejo de Ministros extraordinario, según fuentes conocedoras de los planes del Gobierno.
La decisión llega después de meses de enfrentamiento con las principales compañías del sector, que advierten de que las exigencias de la nueva normativa pueden desviar miles de millones de euros de inversión hacia otros mercados europeos, principalmente Francia y Portugal.
Las empresas temen que las condiciones que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica encarezcan los proyectos hasta el punto de hacerlos menos competitivos que los de otros países.
Algunas compañías ya han comenzado a revisar sus planes de expansión y a estudiar alternativas fuera de España. Otras mantienen proyectos en espera hasta conocer el contenido definitivo del decreto y las condiciones que tendrán que cumplir para conectarse y operar.
Uno de los ejemplos más claros es el de Quetta Data Centers, la compañía participada por Azora y CoreTech. Su consejero delegado, Paco González, ha advertido en una entrevista con Economía Digital de que trasladará a Portugal 320 millones de euros en inversiones pendientes de ejecutar si el Gobierno aprueba la regulación en sus términos actuales.
La compañía tiene una hoja de ruta de 500 millones de euros para desarrollar centros de datos en España. De esa cantidad, ya ha comprometido 180 millones en dos proyectos, uno en Madrid y otro en Barcelona, con 90 millones destinados a cada emplazamiento.
«Portugal siempre estuvo en el roadmap. Lo único que estaríamos haciendo es cambiar el orden de los factores», explicó González a Economía Digital.
El directivo sostiene que las nuevas exigencias pueden multiplicar por tres el coste de desarrollar una instalación en España respecto a Portugal.
El principal punto de fricción es la obligación de que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable, con requisitos de correlación temporal entre la generación y el consumo.
Es decir, no bastaría con acreditar que la instalación compra electricidad renovable mediante contratos a largo plazo, sino que tendría que garantizar que esa energía está disponible en las mismas horas en las que consume electricidad.
Para los operadores, el problema es que el sistema energético español todavía no dispone de suficiente generación renovable y capacidad de almacenamiento para cumplir esas condiciones sin elevar considerablemente los costes.
Merlin Properties, uno de los principales actores inmobiliarios españoles en el negocio de los centros de datos, ha calculado que necesitará 863 millones de euros adicionales para adaptar su Plan MEGA a las exigencias del real decreto.
El importe representa un incremento del 11,3% sobre las inversiones previstas por la socimi para desarrollar su cartera de infraestructuras digitales. La compañía confía en recuperar aproximadamente el 35% de ese sobrecoste, pero ha incorporado el escenario más desfavorable a sus previsiones para evitar desviaciones si la regulación sale adelante.
Su consejero delegado, Ismael Clemente, ha criticado duramente la tramitación de la norma y considera que el texto continúa planteando exigencias prácticamente imposibles de cumplir para los promotores privados.
Madrid teme perder miles de millones en centros de datos
La Comunidad de Madrid, principal polo de centros de datos de España, se ha posicionado abiertamente contra la iniciativa del Ejecutivo y ha advertido de las consecuencias que puede tener para la competitividad de la región.
El consejero de Digitalización madrileño, Miguel López-Valverde, ha asegurado en A Golpe de Ladrillo, el podcast inmobiliario de Economía Digital, que el Gobierno regional peleará contra el real decreto y que recurrirá a las vías legales disponibles si el Ejecutivo decide sacarlo adelante. «Tal y como está ahora diseñado no puede salir al mercado», afirmó.
Madrid cuenta actualmente con 40 centros de datos en funcionamiento y otros 17 en construcción. La previsión del Gobierno regional es alcanzar 57 instalaciones en 2028, con una potencia instalada de 800 megavatios.
López-Valverde considera que el nuevo marco regulatorio puede poner en peligro inversiones de miles de millones de euros en un momento en el que España compite con otros mercados europeos por captar las infraestructuras necesarias para desarrollar la inteligencia artificial.
El enfrentamiento entre las compañías y el Gobierno se remonta a la primera versión del proyecto normativo, que recibió más de 600 alegaciones de empresas, asociaciones sectoriales y administraciones públicas. Los operadores reclamaron cambios en los requisitos energéticos, los plazos de adaptación y las condiciones de acceso a la red eléctrica.
El Consejo de Estado dio vía libre a la tramitación del decreto a principios de noviembre, aunque reclamó incorporar varias observaciones esenciales al texto.
Entre ellas figuraban la necesidad de justificar mejor el impacto económico de las nuevas obligaciones, reforzar el carácter público de las funciones de supervisión, delimitar el régimen sancionador y eliminar determinadas facultades de modificación discrecional de los porcentajes de exigencia renovable.
El dictamen permitió al Ejecutivo continuar con el procedimiento y despejó el camino para llevar la norma al Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.



